EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LOS 36 COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EXPONEN SU POSICIONAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS.

En el debate abierto sobre el ingreso vital mínimo que estos días está ultimando el Gobierno, el Consejo General del Trabajo Social quiere hacer dos consideraciones, la primera que en ningún caso se está hablando de un sistema de garantía de ingresos y la segunda que renta básica y renta mínima no son sinónimos. El ingreso vital mínimo, a nuestro entender, se plantea como una medida puntual y con carácter de prestación subsidiaria ante la crisis por Covid-19, que se aleja mucho de la premisa de una prestación incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía.

En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), se proclama que es necesario reconocer una ayuda social digna para todas las personas con necesidades, como vía para combatir la exclusión social. Este mandato ha sido desarrollado en España por las diferentes Comunidades Autónomas, a través de lo que se ha denominado salario social, rentas mínimas o garantizadas. En España, existe un panorama bastante desigual en cuanto a los modelos de Rentas Mínimas de Inserción regulados por las respectivas Comunidades Autónomas, no únicamente en lo relativo a las cuantías, sino también en lo que respecta a sus denominaciones (ingreso mínimo de solidaridad, renta de inclusión social, renta básica de inserción, renta de garantía de ingresos…), requisitos, concepción (derecho subjetivo o no), características, planteamiento, así como en cuanto a su nivel de cobertura.

Apoyamos la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Social Extraordinaria (RSE) para paliar la crisis socioeconómica generada por el Covid-19, es un buen paso para avanzar en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, esta medida no debe quedar limitada a la situación exclusiva de la pandemia, debe plantearse como una medida con vocación de permanencia como se anuncia por parte de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, consideramos que para ello se debería consolidar un Sistema de Garantía de Ingresos que goce de la condición de derecho subjetivo al objeto de reducir los indicadores de pobreza estructural, desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas. Consideramos positiva la apuesta a favor del IMV anunciada por el Gobierno, entendiendo por tal un avance hacia la necesaria Renta Básica Universal.

Ante la gravedad de la crisis social y económica producida por Covid-19 y cumpliendo con nuestro compromiso en la defensa de los derechos sociales de los y las ciudadanas, reivindicamos un Sistema de Garantía de Ingresos, de derecho subjetivo que garantice un ingreso periódico sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como derecho de ciudadanía. La concepción de la Garantía de Ingresos ha de estar considerada como una inversión social garante de la dignidad de las personas y de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, es necesario generar políticas sociales basadas en los derechos de ciudadanía eliminando cualquier atisbo de asistencialismo y de beneficencia.

Sobre la medida concreta que se plantea en este momento, ingreso mínimo vital, a nuestro colectivo profesional nos preocupa cuánto se va a demorar su implantación, ¿cómo se va a articular la misma en relación a las personas y familias actuales perceptoras de las rentas mínimas autonómicas? y si su gestión, una vez en marcha, no va a suponer un nuevo laberinto burocrático, a añadir a los actuales de las rentas mínimas. En relación con esto la posición de este Consejo General es que el ingreso estatal sea básico que se enmarque en los artº. 41 y 149.1.1ª y 17ª de la Constitución Española y su gestión no recaiga en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Esto nos permitiría recuperar el espacio para hacer intervención social en procesos personales, recuperando el sentido transformador del trabajo social y de los Servicios Sociales. Influiría y ayudaría a que las relaciones de ayuda se realicen en un plano de igualdad y corresponsabilidad.

Sabemos de las serias dificultades en la gestión, tramitación y resolución en las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas. No sólo no han dado cobertura a todas las personas que se encontraban sin las necesidades básicas cubiertas, según recogen algunos estudios 1 , entre otros EAPN España en el análisis del último Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción (RMIs) elaborado por el Ministerio, en 2018, apenas el 7,6% de las personas en riesgo de pobreza percibieron una renta mínima; sino que estigmatizan a la persona y la desincentivan para realizar procesos de activación o de inserción laboral.

Entendemos que la garantía de unos ingresos suficientes para la cobertura de necesidades básicas debe ser derecho independiente y por tanto, consideramos que estas rentas no deben estar condicionadas a procesos de activación e inclusión social en los que se responsabiliza a la persona de lograrlo, en lugar de actuar con políticas que modifiquen condiciones estructurales.

Por ello, creemos en la implantación de un Sistema de Garantía de Ingresos encaminado a la Renta Básica Universal, como la única forma de dar respuesta, rápida y digna, a la situación crítica y grave actual que están viviendo la ciudadanía como consecuencia de la pandemia. De esta manera, se podrá hacer efectivo el hecho de que “nadie se quede atrás”, “nadie se quede fuera” siendo un avance para garantizar unos ingresos básicos de forma incondicional y universal a toda la ciudadanía en atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ventajas frente a las RMIs:

1) Confiere a la persona dignidad, libertad y mayor poder de negociación.

2) Carácter preventivo (ex-ante) frente al carácter paliativo de las ayudas existentes (emergencia y rentas mínimas).

3) Carece del efecto estigmatizador. Ayudas condicionadas como instrumento de control.

4) Solución a la trampa de la pobreza y del desempleo. Los sistemas de protección condicionados atrapan a la persona por su mayor complejidad garantista y administrativa, certeza en su idoneidad.

5) Simplicidad administrativa frente a complejidad burocrática en los sistemas condicionados o en otras propuestas como el trabajo garantizado. Ahorro costes de personal y de gestión.

6) Liberaría a los Servicios Sociales de su actual función de gestor de ayudas y prestaciones.

POR ELLO,

 Apostamos, en coherencia con los principios éticos de nuestra profesión por Sistema de Garantía de Ingresos como derecho subjetivo que garantice la disponibilidad de medios económicos para cubrir gastos en bienes y servicios básicos, no condicionado al uso de los servicios de otros Sistemas de Protección Social (SANIDAD, EMPLEO, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA,…), ni bajo parámetros de merecimiento.

 Poniendo en práctica la capacidad de anticipación, investigación, reflexión, que fundamente el diseño y planificación de los sistemas de protección social proveedores de ingresos en el Siglo XXI, ante las profundas transformaciones que ya se están produciendo con motivo de la pandemia a nivel del Estado Español, Europeo, planetario, desde el Trabajo Social se debe abogar por la transformación de los Sistemas de Protección Social de la SEGURIDAD SOCIAL y de EMPLEO. Desde el marco del modelo social europeo iniciar estudios e investigaciones sobre la puesta en marcha de una Renta Mínima Europea para reforzar la solidaridad europea.

DEMANDAMOS,

- Que para superar esta pandemia y esta emergencia social es necesaria la coordinación de todos los sectores y agentes implicados, mediante la configuración de un grupo de Expertos/as que pueda consensuar y aunar los esfuerzos de todas las Comunidades Autónomas con sus respectivas prestaciones inclusivas.

- La denominación de Ingreso Mínimo Vital no coincide con la finalidad de la prestación, porque estigmatiza y nos devuelve a la beneficencia. Necesitamos una nomenclatura actual, del presente, inclusiva, integradora, como Renta Básica, que lleva implícito el concepto de derecho subjetivo que defendemos.

- El trámite administrativo debe ser a cargo de entidades como el INSS o el SEPE, sistemas ya consolidados en la gestión de prestaciones económicas y desde el que se puede responder a la cobertura de necesidades básicas de manera inmediata, alegando la fortaleza informática que el Ministerio de Seguridad Social posee, que permite la agilidad, rapidez y resolución de expedientes de manera segura. Desde dichas entidades se podrá derivar a los Servicios Sociales, fomentando de esta manera la coordinación interadministrativa de las entidades, cuando sea necesaria una intervención social.

- Unos ingresos garantes que puedan facilitar a las personas y a las familias superar la situación de pobreza en la que viven. La cuantía de esta renta ha de tener en cuenta criterios tales como la unidad de convivencia y su contexto.

- Es necesario que la maquinaria administrativa no se paralice más allá de lo imprescindible. Estamos ante el reto de la Administración digital al objeto de que la ciudadanía pueda dirigirse a la misma de forma telemática, para garantizar la atención, facilitar los trámites y evitar retrasos. Uno de los retos estratégicos fundamentales es recortar procedimientos, eliminar lo dispensable de todo procedimiento administrativo al objeto de reducir al máximo el tiempo de resolución y de implementación del recurso. Con sistemas para recogida de información que sean agiles, veraces, fiables, transparentes donde tener sistematizada toda la información atendiendo a la brecha digital y de acceso a toda la ciudadanía. A pesar de ello, es importante que la ciudadanía siga teniendo acceso directo (presencial y telefónico) a la Administración para realizar cualquier consulta y trámite.

- Entendemos que el Sistema de Garantía de Ingresos además debe dar la posibilidad de generar procesos de inclusión social pero nunca como forma coercitiva ni como contraprestación. Esto sugiere la lógica y necesaria coordinación de sistemas para poder garantizar ingresos e inclusión ambos objetivos de un Sistema de Garantía de Ingresos.

- Consideramos que son precisas muchas más medidas. Además de garantizar recursos económicos a la ciudadanía, se ha de fomentar otra serie de medidas para afrontar la crisis social una vez se declare el cese del estado de alarma para planificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es prioritario un Marco Estatal que promueva la cohesión social. Se va a precisar articular un Plan de Inclusión Social específico y en coordinación con los diferentes Sistemas del Bienestar Social orientados a aumentar las oportunidades de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social y pobreza. Este Plan de Inclusión Social debe desarrollar medidas prioritarias dentro de cada uno de los Sistemas de Protección Social en el marco de las competencias de cada sistema, incidiendo en aquellas mejoras necesarias para la integración e inclusión de los grupos sociales más vulnerables.

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